Civil Rights & Social Justice
La anulación de pasaportes como herramienta represiva representa una nueva etapa en el control social que ejerce el régimen de Nicolás Maduro sobre la ciudadanía venezolana.
La situación de los presos políticos en Venezuela tras las elecciones de 2024 representa una de las crisis de derechos humanos más graves del hemisferio occidental.
Las detenciones arbitrarias, la tortura, las desapariciones forzadas y el cierre del espacio cívico representan violaciones directas a tratados internacionales suscritos por Venezuela, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura. El llamado de las organizaciones internacionales es claro: si no hay un cambio significativo en las políticas del Estado venezolano, se consolidará una dictadura donde la represión será la norma y la libertad la excepción. Para la comunidad internacional, y particularmente para los latinos dentro y fuera de EE. UU., este es un momento clave para exigir respuestas, proteger a quienes defienden los derechos humanos y apoyar mecanismos de presión que ayuden a restaurar la democracia en Venezuela.
El régimen de Nicolás Maduro ha intensificado su estrategia represiva durante 2024–2025, alternando arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas, tortura y legislación que inhibe cualquier crítica. Estas acciones no solo deterioran derechos fundamentales, sino que amenazan a la comunidad venezolana en el exilio, generando temor y afectando lazos entre familias. La respuesta internacional —con denuncias de la ONU, presión diplomática y procesos judiciales— es clave para contener esta ola de violaciones y proteger la sociedad civil democrática en Venezuela.
Venezuela atraviesa una etapa de restricción digital sin precedentes.
La represión y la debacle socioeconómica han generado un éxodo de casi 8 millones de personas, configurando una de las peores crisis migratorias mundiales.
Además de las detenciones arbitrarias, el cierre de medios, la censura digital y la criminalización de periodistas, se suma un nuevo pilar autoritario: la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar
La opositora venezolana María Corina Machado, reconocida como la principal figura de la oposición, instó este miércoles 18 de junio a Estados Unidos, Canadá y países europeos a aumentar las presiones legales y sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Su solicitud, difundida por Infobae y confirmada por Reuters, se enmarca en un contexto de deterioro institucional y creciente represión en Venezuela. Machado reclama medidas más duras: sanciones adicionales, investigación de redes criminales vinculadas al chavismo y transparencia sobre sus vínculos ilícitos.
Columbus aprobó un pago de más de $545,000 en dólares de los contribuyentes por un cargo de arresto injustificado contra dos policías