Nueva táctica de represión contra activistas y periodistas
Organizaciones denuncian un patrón sistemático de control social mediante la anulación arbitraria de documentos de viaje
En Venezuela, el pasaporte —más que un simple documento de identidad— se ha convertido en un instrumento de represión. Así lo advirtió recientemente el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que documentó al menos 40 casos de anulación de pasaportes entre julio y agosto de 2024, afectando a periodistas, defensores de derechos humanos, activistas sociales y hasta familiares cercanos, incluidos menores de edad.
Este fenómeno, que no es nuevo, se intensificó en el contexto de movilización ciudadana por las elecciones presidenciales de 2024, según CEJIL, como parte de un patrón más amplio de represión selectiva y control migratorio arbitrarioejercido por el Estado venezolano.
Una práctica sin notificación ni justificación legal
Los casos registrados por CEJIL muestran una constante: ninguna de las personas afectadas fue notificada formalmente sobre la anulación de su pasaporte. Tampoco existe una decisión administrativa, judicial o documento oficial que justifique esta medida. Simplemente, al intentar salir del país o renovar su documento, se les informa que el pasaporte “está anulado” o “bloqueado”.
En algunos casos, se enteraron solo al llegar al aeropuerto, cuando funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) les prohibieron abordar un vuelo internacional sin mayores explicaciones.
“Esto es gravísimo. Es una medida violatoria del derecho a la libertad de tránsito y del debido proceso”, señala CEJIL en su informe. “Ninguno de los afectados ha podido acceder a mecanismos efectivos de apelación ni obtener respuesta institucional”.
Represión por goteo: periodistas, artistas, activistas y familiares
Entre las personas afectadas se encuentran figuras reconocidas del mundo del periodismo, activismo y cultura, así como sindicalistas, académicos y defensores comunitarios. En al menos tres casos documentados, también se anularon los pasaportes de hijos o parejas de los activistas, a pesar de no estar directamente involucrados en actividades políticas.
Esto indica una estrategia de amedrentamiento extendido, donde el mensaje no solo busca limitar la salida del país, sino sembrar miedo en el entorno familiar. Para CEJIL, esto constituye una forma indirecta de persecución.
En algunos testimonios recabados, los afectados aseguran que funcionarios les retuvieron los documentos, revisaron sus teléfonos personales sin orden judicial y los mantuvieron detenidos por varias horas en oficinas del Saime, sin acceso a abogados ni justificación legal.
Actores involucrados: Saime y DGCIM en el centro de las denuncias
Según CEJIL, funcionarios del Saime y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) están involucrados directamente en estas prácticas. La organización señala que existen patrones que vinculan la anulación de pasaportes con interrogatorios extrajudiciales, confiscación de celulares y retención arbitraria.
En el informe se detalla que, en varios casos, las personas fueron obligadas a firmar documentos sin conocer su contenido, y que la negativa de salida del país fue acompañada de intimidación verbal, amenazas e intentos de criminalización.
“La instrumentalización del sistema migratorio como mecanismo de control y represión no es nueva en Venezuela, pero ha adquirido un carácter sistemático y sofisticado”, asegura CEJIL.
Vínculo con el proceso electoral de 2024
La mayoría de los casos ocurrieron entre julio y agosto de 2024, coincidiendo con el proceso electoral presidencial, un momento de alta movilización ciudadana dentro y fuera del país. CEJIL destaca que varias de las personas afectadas habían participado en foros, campañas de denuncia o coberturas mediáticas relacionadas con el proceso electoral venezolano.
“Esto demuestra que se trata de represalias políticas orientadas a limitar la movilidad de voces críticas, obstaculizar su participación en foros internacionales y restringir su capacidad de denunciar violaciones de derechos humanos”, señala el informe.
Varios de los afectados tenían previsto asistir a actividades diplomáticas, reuniones con organismos internacionales o cubrir las elecciones desde el exterior, lo que refuerza la hipótesis del uso del sistema migratorio como herramienta de censura.
Violaciones a tratados internacionales
La anulación de pasaportes sin causa justificada representa una grave violación de los tratados internacionales suscritos por Venezuela, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza el derecho a la libertad de tránsito, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece el derecho de toda persona a salir de su país.
“Estas prácticas son incompatibles con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Constituyen actos de persecución política y limitación arbitraria de derechos fundamentales”, subraya CEJIL.
Además, la falta de notificación, la imposibilidad de apelar la decisión y la ausencia de mecanismos efectivos de defensa contravienen el principio de debido proceso y colocan a las personas afectadas en un estado de total indefensión.
Un llamado a la comunidad internacional
Ante esta situación, CEJIL hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que se pronuncie y condene el uso del sistema migratorio como mecanismo de represión. También solicita que se promuevan acciones diplomáticas, sanciones dirigidas y pronunciamientos públicos por parte de organismos multilaterales y gobiernos democráticos.
“La presión internacional ha sido crucial en otras etapas de la crisis venezolana. Hoy, ante esta nueva modalidad de represión, se requiere una respuesta firme y coordinada para exigir el respeto de los derechos fundamentales”, afirma CEJIL.
¿Qué pueden hacer los afectados?
En un contexto donde las vías legales internas están cerradas o controladas por el gobierno, CEJIL recomienda a los afectados:
Documentar el caso con fecha, lugar y testimonios.
Buscar apoyo de organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Presentar denuncias ante la ONU o la CIDH si corresponde.
Evitar exponerse públicamente sin asesoría legal, dado el riesgo de represalias.
pasaportes como herramientas de control
El uso de la anulación de pasaportes como herramienta represiva representa una nueva etapa en el control social que ejerce el régimen de Nicolás Maduro sobre la ciudadanía venezolana. Ya no se trata solo de censura, detenciones o criminalización, sino de bloquear el derecho a salir del país, encerrando a las personas en un entorno donde la represión se intensifica y las opciones de denuncia se limitan.
Aunque esta práctica no es nueva, su sistematización en el marco de eventos clave como las elecciones presidenciales de 2024 y su aplicación a familiares de los afectados reflejan un patrón cada vez más agresivo y dirigido.
Venezuela se enfrenta hoy a un Estado que controla no solo la voz, sino también el movimiento de sus ciudadanos. La comunidad internacional no puede mirar hacia otro lado.
