Familias haitianas quedarán sin protección humanitaria

La resolución judicial otorga al poder ejecutivo la facultad exclusiva de rescindir el Estatus de Protección Temporal (TPS), afectando a comunidades en Springfield y Lima

COLUMBUS, Ohio — En una determinación de profundas repercusiones para la política migratoria del país, la Corte Suprema de Justicia resolvió que el poder ejecutivo posee la facultad absoluta y no sujeta a revisión judicial para dar por concluido el Programa de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

Los dictámenes emitidos en las demandas Miot v. Trump y Dalia Doe v. Mullin estipulan que los tribunales federales carecen de competencia para evaluar las decisiones de la administración sobre la suspensión de estos amparos humanitarios, con independencia de las condiciones de seguridad que prevalezcan en las naciones de origen.

La resolución debilita la estabilidad legal de más de 300 000 extranjeros en todo el territorio nacional, impactando de manera directa a los núcleos familiares de origen haitiano asentados en el estado de Ohio.

Organizaciones de asistencia jurídica como Advocates for Basic Legal Equality (ABLE), entidad que ha respaldado de forma continua a este sector de la población en ciudades como Springfield y Lima, señalaron que el dictamen judicial coloca a miles de trabajadores esenciales y padres de familia en una condición de vulnerabilidad inmediata ante la eventual pérdida de sus permisos de empleo.

A través de un comunicado de prensa, enviado a La Mega Nota-Digital, el 25 de junio de 2026, la  dirección ejecutiva de ABLE manifestó que, si bien el fallo de la máxima instancia judicial no desencadena expulsiones de carácter inmediato, sí establece un escenario apremiante para la defensa de los derechos civiles.

La organización calificó la medida como un revés institucional que otorga un margen de discrecionalidad excesivo al gobierno federal, advirtiendo sobre las consecuencias humanitarias de retornar a estas personas a entornos con severas crisis de estabilidad interna.

Ante la urgencia del panorama legal, los defensores de los derechos de los inmigrantes han iniciado el despliegue de recursos de orientación comunitaria en la región centro-occidental del estado, implementando talleres de asesoría bajo el esquema corporativo de “Know Your Rights” (Conozca sus derechos) y evaluaciones de casos individuales para identificar vías alternativas de regularización.

Asimismo, las agrupaciones civiles hicieron un llamado a las instancias legislativas del Congreso para promover normativas de emergencia que instituyan un mecanismo definitivo de residencia legal.

Los portavoces del orden institucional y las agencias encargadas de la seguridad pública estatal recordaron que, si usted o algún miembro de su comunidad se encuentra bajo este régimen de protección, es imperativo buscar asesoría legal certificada para determinar las opciones vigentes ante las modificaciones del marco regulatorio federal.